Conflicto limítrofe minero: La Rioja y San Juan por Vicuña

El conflicto limítrofe entre La Rioja y San Juan volvió a escalar y suma un nuevo capítulo en plena expansión de la agenda minera argentina.

El gobernador riojano Ricardo Quintela promulgó una ley que busca reforzar el reclamo territorial sobre zonas que hoy se encuentran bajo jurisdicción sanjuanina. La norma habilita acciones institucionales y judiciales, incluyendo la posibilidad de impulsar medidas cautelares para frenar la explotación de recursos en áreas cuestionadas hasta que exista una definición sobre el fondo del conflicto.

El movimiento vuelve a poner el foco sobre una disputa histórica que durante décadas tuvo bajo impacto práctico, pero que hoy adquiere otra dimensión por el crecimiento de la minería de alta montaña y por el peso económico de los proyectos ubicados en la cordillera.

La discusión ya no es solo por una línea en el mapa.

Ahora involucra minería, regalías, proveedores, caminos, logística, permisos ambientales, recursos hídricos, turismo, infraestructura y participación en los beneficios de proyectos que pueden transformar la matriz productiva regional.

El punto más sensible es Vicuña, el megaproyecto de cobre, oro y plata desarrollado por BHP y Lundin Mining en San Juan. La iniciativa integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol, y es considerada uno de los desarrollos cupríferos no explotados más importantes del mundo.

Para San Juan, Vicuña representa una oportunidad histórica: inversión, empleo, proveedores, exportaciones y el regreso de Argentina a la producción de cobre a gran escala. Para La Rioja, en cambio, el crecimiento del distrito minero reabre una discusión sobre territorios que considera afectados por una delimitación realizada durante un gobierno de facto.

El planteo riojano se apoya en una posición política y jurídica: cuestiona la validez de los límites definidos en 1968 y sostiene que esa delimitación perjudicó intereses históricos de la provincia. Desde esa mirada, La Rioja busca que el Congreso y la Corte Suprema intervengan para revisar el trazado y resguardar recursos naturales, hídricos, arqueológicos y mineros en la zona objetada.

San Juan rechaza esa interpretación.

El gobierno de Marcelo Orrego sostiene que los límites provinciales están consolidados por normativa nacional y que una provincia no puede modificarlos de manera unilateral mediante una ley local. La posición sanjuanina insiste en que cualquier alteración de límites interprovinciales debe resolverse en el marco institucional correspondiente y no puede afectar proyectos que cuentan con permisos otorgados por la autoridad competente.

La tensión no es nueva.

En los últimos meses, el conflicto ya había tenido episodios relevantes. La Rioja reactivó reclamos vinculados al proyecto Lunahuasi, ubicado dentro del distrito Vicuña, y también hubo una medida judicial riojana que buscó suspender temporalmente actividades y bloquear el tránsito de maquinaria por rutas que atraviesan territorio riojano. Luego, la Justicia de San Juan habilitó la continuidad del proyecto y garantizó que las operaciones no fueran obstruidas.

Ese antecedente mostró el problema de fondo: los grandes proyectos mineros no se desarrollan sobre una geografía simple.

Una mina puede estar ubicada en una provincia, pero utilizar caminos, logística, trabajadores, proveedores, servicios o áreas de influencia vinculadas a otra. Cuando eso ocurre, la coordinación interprovincial se vuelve tan importante como la seguridad jurídica.

En el caso de Vicuña, el proyecto se ubica en San Juan, pero parte de su logística y de sus caminos de acceso generaron reclamos desde La Rioja. Esa situación abrió una discusión más amplia sobre estudios ambientales, participación territorial, circulación de maquinaria, caminos estratégicos y beneficios económicos.

El riesgo para la minería argentina es que estos conflictos se acumulen sin una mesa clara de resolución.

Argentina está intentando posicionarse como destino de grandes inversiones mineras, especialmente en cobre y litio. Pero los proyectos de escala internacional necesitan previsibilidad. No solo previsibilidad macroeconómica o tributaria. También previsibilidad territorial, institucional, ambiental y logística.

Si una empresa obtiene permisos en una provincia pero enfrenta cautelares, bloqueos o reclamos desde otra jurisdicción, el mensaje hacia los inversores se vuelve más complejo.

Eso no significa desconocer reclamos territoriales ni impactos ambientales. Significa que el país necesita mecanismos más claros para ordenar estos conflictos antes de que escalen y terminen afectando proyectos estratégicos.

La minería moderna exige coordinación.

Los proyectos de alta montaña involucran cuencas, rutas, zonas de frontera, comunidades, infraestructura compartida, corredores logísticos y áreas de influencia que pueden exceder una sola jurisdicción. Pretender que cada provincia actúe de manera aislada puede generar fricciones permanentes.

En ese punto, el conflicto entre La Rioja y San Juan funciona como una advertencia para toda la minería argentina.

No alcanza con tener recursos geológicos. No alcanza con tener empresas interesadas. No alcanza con atraer inversiones mediante el RIGI. También hace falta ordenar el vínculo entre provincias, definir responsabilidades, coordinar controles y construir mecanismos para que los beneficios de la minería no se transformen en disputas políticas permanentes.

Para La Rioja, el reclamo también se inscribe en una estrategia más amplia.

La provincia viene impulsando su Plan Quinquenal de Desarrollo Minero 2026-2030, con el objetivo de atraer inversiones, fortalecer exploración, generar empleo local, desarrollar proveedores y posicionar al oeste riojano como un actor relevante dentro del mapa minero nacional.

En ese marco, el conflicto con San Juan aparece vinculado a una idea: La Rioja no quiere quedar al margen de los proyectos que se desarrollan en áreas cordilleranas cercanas a su territorio o que utilizan infraestructura vinculada a sus localidades.

Para San Juan, en cambio, la prioridad es defender la continuidad de los proyectos que considera propios y evitar que los reclamos externos afecten la confianza de las empresas.

La provincia viene consolidándose como el principal polo cuprífero argentino, con Vicuña, Los Azules, El Pachón, Altar y otros desarrollos de escala. Cualquier disputa sobre jurisdicción, regalías o permisos puede impactar en una agenda que San Juan considera estratégica para su futuro productivo.

El conflicto también expone una discusión sobre desarrollo local.

La minería no solo genera regalías. También genera rutas, demanda de proveedores, empleo, logística, campamentos, servicios, compras locales, infraestructura y actividad económica indirecta. Cuando un proyecto se ubica en un área limítrofe o utiliza corredores de otra provincia, aparecen preguntas difíciles: quién cobra, quién controla, quién recibe impactos, quién participa y quién planifica.

Ese debate no puede resolverse solo con comunicados cruzados.

Necesita información técnica, mapas, estudios ambientales, acuerdos institucionales, participación de Nación, criterios de compensación cuando correspondan y una mesa política capaz de separar la discusión histórica de los límites de la necesidad inmediata de no paralizar proyectos estratégicos.

El peor escenario sería que la minería argentina quede atrapada entre provincias que compiten por el control de los beneficios sin construir reglas comunes.

El mejor escenario sería que este conflicto obligue a diseñar un mecanismo federal más moderno para proyectos de alta montaña: con jurisdicciones claras, controles coordinados, información compartida, obras integradas, participación de comunidades y reglas de distribución de oportunidades.

La minería argentina necesita seguridad jurídica. Pero también necesita legitimidad territorial.

Esa es la tensión que aparece detrás del caso La Rioja-San Juan.

San Juan tiene proyectos en marcha y defiende su jurisdicción. La Rioja plantea un reclamo histórico y busca participación sobre áreas que considera propias o afectadas. Las empresas necesitan continuidad operativa. Las comunidades necesitan información y beneficios concretos. La Nación necesita que los grandes proyectos no se frenen por disputas interprovinciales sin canal institucional claro.

Por eso, el conflicto limítrofe vuelve a convertirse en una prueba para el federalismo minero argentino.

Vicuña puede ser uno de los proyectos más importantes de la historia minera del país. Pero su desarrollo también muestra que los grandes emprendimientos ya no pueden pensarse solamente desde la geología o la inversión.

También deben pensarse desde el territorio.

La pregunta de fondo es cómo evitar que los recursos mineros se transformen en una nueva fuente de conflicto entre provincias.

Argentina necesita cobre, exportaciones e inversiones. Pero también necesita reglas claras para que ese desarrollo sea sostenible, coordinado y federal.

La disputa entre La Rioja y San Juan todavía no tiene una resolución definitiva. Pero ya dejó una enseñanza: la nueva minería argentina no solo se jugará en los yacimientos.

También se jugará en los límites, en los caminos, en los tribunales, en las legislaturas y en la capacidad política de construir acuerdos entre provincias.