Proveedores mineros de San Juan pidieron a Sturzenegger igualdad de condiciones para competir

Los proveedores mineros de San Juan volvieron a poner sobre la mesa uno de los debates centrales del nuevo ciclo de inversiones: cómo lograr que el crecimiento de la minería también se traduzca en más trabajo, más empresas locales y más valor argentino dentro de la cadena productiva.

Una delegación de la Cámara de Servicios Mineros de San Juan, CASEMI, se reunió en Buenos Aires con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para plantear inquietudes vinculadas a la nueva reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras.

El encuentro tuvo como eje la situación de los prestadores de servicios mineros frente a los cambios normativos y al avance de proyectos de gran escala, especialmente en San Juan, donde el cobre empieza a ordenar una agenda de inversiones, infraestructura, empleo y proveedores.

Según explicó Juan Pablo Delgado, referente de CASEMI, la reunión había sido solicitada con anterioridad y permitió trasladar dudas y propuestas para que la reglamentación contemple mejor la realidad de las empresas proveedoras.

Uno de los puntos planteados fue que los beneficios previstos para el sector no dependan únicamente de la facturación pasada, sino que también puedan considerar inversiones, capacidad instalada y proyecciones futuras. Para los proveedores, ese criterio es clave porque muchas empresas locales necesitan invertir antes de poder competir por contratos de mayor escala.

La cámara pidió herramientas que mejoren la competitividad de los prestadores sanjuaninos y les permitan aprovechar el nuevo marco de promoción de inversiones. También solicitó la conformación de una mesa de trabajo permanente entre el Gobierno nacional y los proveedores mineros.

La discusión no es menor. San Juan se prepara para una etapa de fuerte actividad asociada al cobre, con proyectos como Vicuña, Los Azules y El Pachón. Ese proceso puede movilizar miles de millones de dólares, pero también generará una competencia intensa por contratos de construcción, logística, transporte, mantenimiento, servicios industriales, alimentación, alojamiento, equipamiento, tecnología y obras de infraestructura.

El planteo de los proveedores no apunta a frenar las inversiones, sino a evitar que las empresas locales queden fuera de la cadena por asimetrías de costos, acceso a financiamiento, escala o condiciones impositivas.

En ese sentido, Delgado aclaró que CASEMI no se opone al RIGI. Por el contrario, consideró que el régimen fue necesario para viabilizar proyectos de gran escala que difícilmente hubieran avanzado sin un marco de previsibilidad. Sin embargo, remarcó que la minería también debe desarrollarse con participación de los proveedores sanjuaninos.

El impacto del RIGI fue uno de los temas centrales del encuentro. La posibilidad de importar bienes y servicios bajo condiciones favorables genera preocupación entre las empresas locales, que advierten que podrían competir en desventaja frente a proveedores internacionales con mayor escala, menores costos financieros o mejores condiciones de origen.

El reclamo se suma a una preocupación que viene creciendo en la provincia. Distintas cámaras empresarias de San Juan vienen advirtiendo que las empresas argentinas enfrentan costos estructurales más altos que sus competidoras de países vecinos, en particular Chile. La diferencia aparece en servicios, equipamiento, logística y bienes de capital, aspectos centrales para proyectos de alta montaña.

Ese diagnóstico impacta directamente sobre Vicuña, el distrito cuprífero integrado por Josemaría y Filo del Sol, impulsado por BHP y Lundin Mining. Por su escala, el proyecto demandará servicios y obras de una magnitud inédita para la provincia, lo que convierte a la participación de proveedores locales en un tema estratégico.

La discusión también se da en paralelo al tratamiento de la Ley de Desarrollo Local Minero en San Juan. El proyecto busca dar previsibilidad, definir con mayor claridad qué se considera proveedor sanjuanino y promover la participación de empresas locales en la cadena de valor minera, sin establecer barreras ni cupos rígidos.

Para CASEMI, esa norma puede ser una herramienta importante si logra ordenar el ecosistema, establecer reglas claras y acompañar el crecimiento de las empresas provinciales. La expectativa del sector es que la ley sea aprobada y luego reglamentada de manera efectiva para ofrecer respuestas concretas a las pymes locales.

El punto de fondo es cómo equilibrar dos objetivos que deberían ser complementarios: atraer inversiones de escala internacional y, al mismo tiempo, fortalecer el entramado productivo local.

La minería argentina necesita capital, tecnología, proveedores globales y reglas competitivas. Pero también necesita desarrollar empresas nacionales capaces de crecer junto a los proyectos. Si los grandes emprendimientos se construyen sin participación local significativa, el impacto territorial será menor.

San Juan ya tiene experiencia minera, proveedores formados y empresas que vienen trabajando desde hace años con Veladero, Gualcamayo, Casposo, proyectos de exploración y servicios vinculados a la cordillera. Pero el salto que implica el cobre exige otra escala.

Para que las pymes locales puedan competir, necesitan información anticipada sobre futuras compras, financiamiento, capacitación, certificaciones, acceso a equipamiento, previsibilidad tributaria y articulación con operadoras y contratistas principales.

Ese es el desafío que aparece detrás del pedido a Sturzenegger.

No se trata solamente de defender el “compre local”. Se trata de construir una cadena de valor minera capaz de competir en serio. Una cadena que pueda mejorar costos, certificar calidad, incorporar tecnología, asociarse con empresas de mayor escala y participar de contratos cada vez más complejos.

La minería que viene será intensiva en inversión, pero también en organización. Los proyectos necesitarán miles de trabajadores, campamentos, caminos, energía, servicios, transporte, mantenimiento, conectividad, metalmecánica, construcción, ingeniería, seguridad, salud y logística.

Cada uno de esos rubros puede ser una oportunidad para San Juan.

Pero esa oportunidad no se concretará sola. Requiere reglas, planificación, mesas de trabajo, información pública, demanda anticipada y herramientas que permitan a los proveedores prepararse antes de que las licitaciones ya estén cerradas.

La frase que resume el planteo del sector es clara: la minería tiene que ser con los proveedores locales.

San Juan está frente a uno de los ciclos de inversión más importantes de su historia. El cobre puede transformar la economía provincial, pero el verdadero impacto dependerá de cuánto empleo, cuántas empresas y cuántas capacidades queden instaladas en el territorio.

Los proveedores mineros ya hicieron su planteo ante Nación. Ahora el desafío será convertir ese reclamo en una agenda concreta de competitividad, financiamiento, desarrollo local y participación efectiva en los grandes proyectos que vienen.