La Rioja y San Juan: el origen histórico de un conflicto limítrofe que la minería volvió a poner en agenda

Una disputa que no nació con la minería

El conflicto limítrofe entre La Rioja y San Juan volvió a ocupar la agenda pública por su impacto sobre proyectos mineros estratégicos. Pero su origen es anterior al actual ciclo de inversiones.

La discusión no nació con Vicuña. Tampoco empezó con Josemaría, Filo del Sol o Lunahuasi.

La raíz está en una vieja disputa territorial sobre zonas cordilleranas, áreas de alta montaña, divisorias de aguas, caminos y parajes cuya delimitación no siempre fue simple en la historia provincial argentina.

Durante buena parte del siglo XX, los límites entre provincias en regiones cordilleranas tuvieron zonas de interpretación, especialmente en territorios poco poblados, de difícil acceso y con referencias geográficas complejas.

En ese contexto, La Rioja y San Juan arrastraron diferencias sobre sectores ubicados en el oeste riojano y el norte sanjuanino. Durante años, el conflicto tuvo más peso histórico y político que económico. Pero eso cambió cuando la cordillera empezó a mostrar un potencial minero de escala mundial.

El punto de quiebre: la Ley 18.004 de 1968

El capítulo central de la disputa se ubica en 1968.

Ese año, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, se firmó un acuerdo de límites entre los interventores federales de La Rioja y San Juan. Luego, ese criterio quedó plasmado en la Ley Nacional 18.004, sancionada y promulgada el 16 de diciembre de 1968 y publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre de ese año.

La norma fijó el límite entre ambas provincias desde la frontera internacional con Chile, tomando como referencias distintos puntos geográficos como el cerro El Potro, el río Blanco, La Majadita, Puerta de Alaya, cerro Rajado, cerro Plateado, Loma Negra y otros sectores hasta llegar al punto tripartito con San Luis.

Ese trazado es el que San Juan reconoce como límite vigente.

La ley también dejó expresamente bajo jurisdicción sanjuanina los parajes Ischigualasto y Los Baldecitos, mientras que otros puntos, como Ranchillos y La Majadita, quedaron en jurisdicción de La Rioja.

Ahí aparece el núcleo del conflicto.

Para San Juan, la Ley 18.004 cerró jurídicamente la discusión. Para La Rioja, en cambio, esa delimitación nació viciada porque fue realizada durante una dictadura, a partir de un acuerdo firmado por interventores y no por autoridades provinciales elegidas democráticamente.

El argumento de La Rioja

La Rioja sostiene que el acuerdo de 1968 implicó una pérdida territorial y que fue realizado sin legitimidad democrática plena.

Desde esa mirada, la provincia cuestiona la validez política y constitucional de la Ley 18.004 y plantea que el trazado afectó derechos históricos sobre territorios cordilleranos.

El reclamo riojano se apoya en tres ideas principales.

Primero, que el acuerdo fue firmado por interventores federales durante un gobierno de facto, no por autoridades electas.

Segundo, que la delimitación habría perjudicado territorialmente a La Rioja en zonas de valor estratégico.

Tercero, que la discusión debe reabrirse ante el Congreso de la Nación y eventualmente ante la Corte Suprema, porque se trata de límites interprovinciales y de derechos territoriales de una provincia.

En los últimos meses, esa posición se tradujo en una nueva ley provincial impulsada por el gobierno de Ricardo Quintela, que ratifica el rechazo riojano al acuerdo de 1968, cuestiona la vigencia de la Ley 18.004 y habilita acciones políticas, administrativas y judiciales para reclamar territorios que hoy se encuentran bajo jurisdicción de San Juan.

El argumento de San Juan

San Juan plantea exactamente lo contrario.

Para la provincia gobernada por Marcelo Orrego, el límite está definido por una ley nacional vigente. Desde esa posición, una provincia no puede declarar por sí misma la nulidad de una ley nacional ni modificar unilateralmente una frontera interprovincial.

San Juan sostiene que la Ley 18.004 tiene plena validez y que cualquier discusión sobre límites debe canalizarse por las vías institucionales correspondientes, sin afectar proyectos mineros, permisos, inversiones ni actividades autorizadas por la autoridad provincial competente.

La posición sanjuanina también se apoya en la Constitución Nacional, que establece que corresponde al Congreso arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación y fijar los de las provincias.

Por eso, San Juan considera que el reclamo riojano no puede avanzar mediante una ley local ni afectar actividades ubicadas dentro de su jurisdicción.

Por qué el conflicto vuelve ahora

Durante décadas, la disputa existió, pero no tuvo el mismo nivel de urgencia.

El cambio lo produjo la minería.

La zona cordillerana que hoy está en discusión se transformó en una de las áreas más importantes para el futuro del cobre argentino. El distrito Vicuña, que integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol bajo una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining, puso a esa región en el centro de la agenda minera internacional.

Vicuña es considerado uno de los distritos de cobre, oro y plata más relevantes en desarrollo dentro de la región andina. Su escala potencial, su vínculo con la transición energética y su capacidad para devolver a Argentina a la producción de cobre a gran escala convirtieron a la zona en un activo estratégico.

Ahí la vieja disputa territorial cambió de dimensión.

Lo que antes podía parecer una discusión histórica o cartográfica ahora involucra inversiones, regalías, proveedores, empleo, caminos, logística, permisos ambientales, agua, infraestructura y participación en beneficios económicos.

La línea del mapa empezó a tener valor minero.

Vicuña, Lunahuasi y la alta cordillera

El conflicto tomó mayor visibilidad por proyectos vinculados al distrito Vicuña y por reclamos alrededor de caminos de acceso, estudios ambientales y actividad logística.

En abril de 2026, una jueza de La Rioja dictó una medida que buscó suspender por 30 días actividades relacionadas con Vicuña y restringir el tránsito de maquinaria por un camino provincial. Luego, la Justicia de San Juan habilitó la continuidad de las actividades y ratificó la competencia sanjuanina sobre el proyecto.

Ese episodio mostró que el conflicto no es solamente jurídico. También es operativo.

Un proyecto puede estar ubicado dentro de una provincia, pero utilizar rutas, caminos, proveedores o áreas de influencia que involucran a otra. Cuando eso ocurre, aparecen preguntas difíciles: quién autoriza, quién controla, quién cobra, quién recibe impactos y quién participa de las oportunidades económicas.

En el caso de La Rioja y San Juan, esa discusión se vuelve más sensible porque la frontera política convive con un sistema territorial de alta montaña, donde los caminos, las cuencas, la logística y los proyectos no siempre respetan las divisiones administrativas de manera simple.

El trasfondo: regalías, proveedores e infraestructura

El conflicto no se explica solo por el mapa.

También se explica por lo que la minería puede generar.

Un proyecto de cobre de gran escala no impacta únicamente por las regalías. También mueve empleo, proveedores, obras viales, campamentos, transporte, energía, servicios, contratistas, formación laboral, comercio, infraestructura y desarrollo regional.

Por eso, cuando una provincia considera que quedó afuera de una zona estratégica, el reclamo territorial se vuelve también un reclamo económico.

La Rioja viene impulsando su Plan Quinquenal de Desarrollo Minero 2026-2030 y busca posicionar al oeste provincial, especialmente el Valle del Bermejo, como una región con capacidad logística, operativa y de servicios para la nueva minería andina.

San Juan, por su parte, defiende su rol como principal polo cuprífero argentino, con proyectos como Vicuña, Los Azules, El Pachón, Altar y otros desarrollos de escala internacional.

Las dos provincias miran la misma cordillera, pero desde intereses distintos.

El problema institucional

El caso muestra un problema más profundo para la minería argentina: los grandes proyectos de alta montaña necesitan reglas claras entre provincias.

Argentina busca atraer inversiones mineras de miles de millones de dólares. Pero esas inversiones requieren previsibilidad territorial, jurídica, ambiental y logística.

No alcanza con tener minerales. También hace falta saber quién tiene jurisdicción, qué autoridad aprueba, qué rutas se usan, qué comunidades participan, qué provincia percibe beneficios, qué estudios ambientales corresponden y cómo se resuelven los conflictos.

Cuando una disputa histórica se reactiva en medio de un proyecto estratégico, el riesgo es que la incertidumbre termine afectando la confianza inversora.

Pero también existe el riesgo contrario: que por proteger inversiones se desconozcan reclamos territoriales, impactos locales o demandas de participación.

Por eso, la salida no debería ser negar el conflicto, sino ordenarlo institucionalmente.

Qué debería discutirse

El conflicto entre La Rioja y San Juan necesita una discusión seria, técnica y federal.

No alcanza con comunicados cruzados. Tampoco con leyes provinciales que buscan imponer una posición unilateral.

La discusión debería incluir antecedentes históricos, documentos, mapas, estudios técnicos, criterios constitucionales, participación del Congreso, eventual intervención judicial, información ambiental, análisis logístico y mecanismos de coordinación interprovincial.

También debería separar dos planos.

Por un lado, el plano histórico-jurídico: si los límites fijados en 1968 pueden o no ser revisados.

Por otro lado, el plano operativo-minero: cómo se garantiza que los proyectos estratégicos puedan avanzar sin bloquear derechos provinciales, controles ambientales ni beneficios territoriales.

Mezclar ambos planos puede profundizar el conflicto.

Separarlos puede permitir una solución más inteligente.

La minería como disparador de una vieja herida

La minería no creó el conflicto, pero lo reactivó.

Durante décadas, la Ley 18.004 fue el punto de referencia para San Juan y el punto de cuestionamiento para La Rioja. La diferencia es que ahora la zona en disputa está asociada a uno de los desarrollos cupríferos más importantes del país.

El cobre cambió la escala de la discusión.

La transición energética, la demanda global de minerales críticos, el RIGI, la llegada de grandes compañías internacionales y la expectativa de exportaciones millonarias convirtieron a la alta cordillera en un territorio central para el futuro económico regional.

En ese nuevo escenario, los límites provinciales dejaron de ser una discusión de archivo.

Pasaron a ser una discusión de desarrollo.

Una prueba para el federalismo minero argentino

La disputa entre La Rioja y San Juan es una prueba para el federalismo minero argentino.

El país necesita desarrollar cobre, litio, oro, plata, uranio y otros minerales estratégicos. Pero ese desarrollo no puede construirse sobre conflictos interprovinciales permanentes.

La minería de gran escala necesita seguridad jurídica. Pero también necesita legitimidad territorial.

Necesita inversiones. Pero también acuerdos.

Necesita permisos. Pero también coordinación.

Necesita caminos. Pero también reglas claras sobre quién se beneficia y quién asume los impactos.

El caso La Rioja-San Juan muestra que el futuro de la minería argentina no dependerá solamente de la geología o del precio internacional del cobre.

También dependerá de la capacidad política e institucional de resolver conflictos históricos antes de que se transformen en obstáculos para proyectos estratégicos.

Conclusión: una línea del mapa que volvió a tener valor

El conflicto entre La Rioja y San Juan tiene raíces históricas, pero volvió a la agenda por una razón concreta: la minería hizo que esa línea del mapa volviera a tener valor económico, político y estratégico.

La Ley 18.004 de 1968 es el punto central de la disputa. San Juan la considera vigente y definitiva. La Rioja la cuestiona por su origen en un gobierno de facto y por el impacto territorial que, según su posición, produjo sobre la provincia.

La discusión sigue abierta.

Pero una cosa parece clara: si Argentina quiere construir una minería moderna, federal y competitiva, tendrá que resolver mejor este tipo de tensiones.

Porque los grandes proyectos no solo necesitan cobre bajo la montaña.

Necesitan acuerdos sobre el territorio.