Mendoza ordena el uso de terrenos estatales para minería y busca dar más previsibilidad al sector

Mendoza dio un nuevo paso en el ordenamiento de su actividad minera.

El Gobierno provincial reglamentó el uso de terrenos estatales vinculados a proyectos mineros, con el objetivo de establecer reglas más claras para la ocupación, uso y aprovechamiento de inmuebles de dominio provincial.

La medida apunta a ordenar la relación entre los derechos mineros y el patrimonio estatal, un punto clave en una provincia que busca ampliar su agenda minera, especialmente en cobre y otros minerales estratégicos.

El nuevo esquema busca brindar mayor previsibilidad a empresas, organismos públicos y comunidades, definiendo cuándo corresponde una contraprestación, bajo qué condiciones puede usarse un inmueble provincial y qué obligaciones deben cumplir los operadores.

Reglas claras para terrenos estatales

La reglamentación establece criterios diferenciados según el tipo de mina y la etapa del proyecto.

Para minas de primera y segunda categoría, el canon de uso se aplicará únicamente a proyectos en etapa de explotación que utilicen inmuebles estatales.

En cambio, las etapas de prospección y exploración quedan excluidas de esa carga, con el objetivo de no encarecer fases tempranas, que suelen tener mayor riesgo geológico y económico.

Este punto es importante porque la exploración es la base de cualquier desarrollo minero futuro.

Sin exploración no hay nuevos proyectos, no hay reservas confirmadas y no hay posibilidad de avanzar hacia inversiones de mayor escala.

Qué pasa con las minas de tercera categoría

La norma también ordena el tratamiento de las minas de tercera categoría ubicadas en terrenos estatales.

En estos casos, se establecen parámetros objetivos vinculados a producción, tipo de mineral y superficie utilizada.

Además, se prevén mecanismos de declaración y control para mejorar la transparencia, la trazabilidad y el seguimiento de la actividad.

Este tipo de regulación resulta importante para ordenar actividades extractivas de menor escala, evitar informalidad y garantizar que el uso de tierras públicas tenga reglas conocidas y verificables.

Seguridad jurídica y minería

Uno de los conceptos centrales de la medida es la seguridad jurídica.

La minería necesita reglas claras porque sus proyectos requieren años de estudios, permisos, inversiones, infraestructura y planificación.

Cuando el uso de tierras fiscales no está ordenado, pueden aparecer demoras, conflictos administrativos, incertidumbre sobre obligaciones económicas o dificultades para planificar caminos, campamentos, accesos, instalaciones y obras complementarias.

La nueva reglamentación busca reducir esa incertidumbre.

Mendoza apunta a que las empresas conozcan de antemano qué condiciones deben cumplir para utilizar inmuebles estatales y que el Estado tenga mejores herramientas para controlar ese uso.

No reemplaza los controles ambientales

La reglamentación no implica una habilitación automática para avanzar con proyectos mineros.

Los emprendimientos deberán seguir cumpliendo con la normativa ambiental vigente, los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, la Ley 7722 y los controles correspondientes.

Este punto es clave para entender el alcance de la medida.

La norma ordena el uso de terrenos provinciales, pero no reemplaza estudios técnicos, permisos ambientales, audiencias públicas, controles sectoriales ni evaluaciones específicas.

En una provincia donde la minería genera fuerte debate público, la previsibilidad debe ir acompañada de control, información y participación.

Mendoza busca modernizar su marco minero

La medida se suma a una agenda más amplia de actualización del sistema minero mendocino.

En los últimos años, la provincia avanzó con la modernización del Código de Procedimiento Minero, nuevas herramientas digitales, fortalecimiento de controles, guías de tránsito mineral con trazabilidad y mayor intervención de organismos técnicos.

También viene impulsando distritos mineros y proyectos vinculados al cobre, como PSJ Cobre Mendocino, además de iniciativas en evaluación como Hierro Indio, Cerro Amarillo, el Distrito Minero Occidental de Malargüe y el Distrito Minero Norte.

En ese contexto, ordenar el uso de terrenos estatales aparece como una pieza más dentro de una estrategia de mayor institucionalización del sector.

Por qué importa para la inversión

Mendoza tiene potencial geológico, pero también enfrenta un desafío: transformar ese potencial en proyectos concretos, con reglas claras y confianza pública.

Para atraer inversiones, no alcanza con tener recursos minerales.

También hacen falta procedimientos previsibles, información pública, control ambiental, infraestructura, seguridad jurídica, proveedores preparados y capacidad estatal para administrar la actividad.

La reglamentación de terrenos estatales puede ayudar a ordenar una parte importante de ese camino.

Especialmente en proyectos que necesitan acceso a zonas alejadas, caminos, instalaciones temporales, campamentos, áreas de apoyo o infraestructura vinculada a la operación.

Un equilibrio necesario

El desafío para Mendoza será sostener un equilibrio entre promoción minera y control público.

La provincia busca desarrollar su potencial minero, pero en un contexto donde la sociedad exige garantías ambientales, transparencia y participación.

Por eso, este tipo de medidas deben leerse como parte de un proceso mayor: ordenar, controlar, digitalizar, transparentar y definir reglas antes de que los proyectos lleguen a etapas más avanzadas.

La minería moderna no puede desarrollarse con improvisación.

Necesita normas claras para invertir, pero también controles claros para generar confianza.

Cierre

La reglamentación del uso de terrenos estatales marca un nuevo paso en la reorganización minera de Mendoza.

La medida busca dar previsibilidad a los operadores, proteger el patrimonio provincial y ordenar el vínculo entre derechos mineros e inmuebles públicos.

Pero su impacto dependerá de cómo se aplique.

Si se combina con control ambiental, participación ciudadana, información pública y desarrollo de proveedores, puede convertirse en una herramienta útil para que Mendoza avance hacia una minería más ordenada, transparente y competitiva.

El potencial minero existe.

El desafío es construir las condiciones institucionales para desarrollarlo con reglas claras y confianza social.