La Rioja y la UNSJ avanzan en un inventario de glaciares en medio del debate minero cordillerano

La relación entre La Rioja y San Juan vuelve a sumar un capítulo dentro de la agenda minera cordillerana, esta vez con un tono más institucional y técnico.

Luego de semanas marcadas por cruces vinculados a proyectos como Vicuña y Lunahuasi, la provincia de La Rioja avanzó en un acuerdo con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para elaborar su propio inventario de glaciares.

La solicitud fue canalizada a través de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, que cuenta con experiencia acumulada en estudios glaciológicos, geocriológicos, nivológicos y de cambio climático. El trabajo será desarrollado por el mismo equipo técnico que viene participando en el inventario y monitoreo de glaciares de San Juan.

El acuerdo contempla la firma de un acta complementaria entre autoridades riojanas y la institución universitaria. Según la información difundida, el objetivo será replicar en La Rioja el modelo técnico aplicado en San Juan desde 2009, con un esquema de trabajo que permitiría avanzar en las primeras etapas de identificación, clasificación y relevamiento de geoformas glaciares y periglaciares.

El decano de la Facultad, José Castro, destacó que la solicitud riojana representa un reconocimiento al trabajo realizado por la universidad sanjuanina y consolida a la UNSJ como referente regional en este tipo de estudios técnicos.

La noticia también tiene una lectura política. Como venimos publicando en notas anteriores de MineriAR, el vínculo entre La Rioja y San Juan atravesó momentos de tensión en los últimos meses por la discusión sobre proyectos mineros ubicados en zonas cordilleranas, áreas de influencia compartida, caminos, impactos ambientales y participación territorial.

Uno de los primeros cruces se produjo por el uso del camino de Guandacol y el desarrollo del proyecto Vicuña, luego de que La Rioja reclamara mayor participación y revisión de los impactos asociados. Más tarde, el debate volvió a escalar con Lunahuasi, cuando autoridades riojanas plantearon preocupación por la cercanía del proyecto al límite interprovincial y sus posibles efectos sobre el territorio.

En ese contexto, el pedido de La Rioja a la UNSJ puede funcionar como una señal de cooperación técnica en medio de una discusión sensible. La minería cordillerana exige inversión, infraestructura y proyectos de escala, pero también información ambiental precisa, monitoreo, datos públicos y capacidades científicas que ayuden a ordenar el debate.

El tema de los glaciares ocupa un lugar central en esa conversación. La reciente discusión nacional sobre la Ley de Glaciares volvió a poner sobre la mesa la necesidad de contar con inventarios actualizados, criterios técnicos confiables y capacidad provincial para conocer el aporte hídrico de las geoformas glaciares y periglaciares.

San Juan fue una de las provincias que pudo mostrar avances en estudios de mayor profundidad, incluyendo trabajos de monitoreo de tercer nivel, donde se mide a lo largo del tiempo el aporte hídrico de una geoforma a una cuenca.

El acuerdo con La Rioja contempla, en principio, las primeras dos fases del inventario. La primera consiste en identificar y contabilizar las geoformas; la segunda incorpora trabajo de campo y clasificación detallada. Una eventual tercera fase, orientada a medir cuantitativamente el aporte hídrico, podría evaluarse más adelante, ya que requiere mayores costos, instrumental específico y monitoreo durante períodos prolongados.

La UNSJ aportará el equipo de especialistas, mientras que el financiamiento del trabajo estará a cargo de la provincia de La Rioja. Según lo informado, el proceso podría desarrollarse durante dos años, con posibilidad de extenderse por otros dos.

Para La Rioja, contar con un inventario propio de glaciares puede ser una herramienta clave para ordenar su política minera, ambiental y territorial. La provincia busca avanzar en una agenda de desarrollo minero, pero al mismo tiempo necesita fortalecer sus capacidades técnicas para evaluar impactos, cuidar el agua y construir legitimidad social.

Para San Juan, el acuerdo representa una oportunidad de cooperación institucional en un momento donde la actividad minera de alta montaña genera expectativas, pero también tensiones con provincias vecinas.

El caso muestra que la minería argentina necesita algo más que proyectos e inversiones. También necesita ciencia, universidades, datos, monitoreo, diálogo interprovincial y herramientas técnicas que permitan tomar mejores decisiones.

En las zonas cordilleranas, donde el agua, los glaciares, los caminos, los límites y los proyectos productivos conviven en un mismo territorio, la cooperación técnica puede ser una herramienta para reducir conflictos y construir reglas más claras.

La relación entre La Rioja y San Juan seguirá siendo una de las claves del nuevo mapa minero cordillerano. El desafío será transformar las tensiones en cooperación, y los reclamos en información confiable, monitoreo serio y desarrollo con mayor previsibilidad.