La Rioja reactivó su reclamo por Lunahuasi y volvió a tensionar la agenda minera con San Juan

El avance exploratorio del proyecto Lunahuasi volvió a poner en escena una antigua discusión entre La Rioja y San Juan por los límites territoriales vinculados a la actividad minera. La controversia se reactivó luego de que la empresa NGEx Minerals informara nuevos resultados de perforación con altas concentraciones de oro, plata y cobre en el yacimiento ubicado en Iglesia, dentro del distrito Vicuña.

Desde La Rioja, el ministro de Producción, Ernesto Pérez, planteó que el proyecto tendría incidencia sobre la provincia y sostuvo que parte de los recursos minerales podrían corresponder a territorio riojano. Además, remarcó que los eventuales impactos ambientales derivados de la actividad también deberían ser evaluados por La Rioja.

El planteo se suma a otros reclamos recientes vinculados a proyectos mineros en zonas de frontera interprovincial. La discusión ya había tenido un antecedente fuerte con el megaproyecto Vicuña y el uso del camino de Guandacol, cuando la Justicia riojana frenó temporalmente el tránsito de maquinaria minera, generando preocupación en el sector por sus posibles efectos sobre la seguridad jurídica y el ritmo de las inversiones.

En San Juan, las autoridades provinciales rechazaron los cuestionamientos y defendieron la continuidad de los proyectos mineros considerados estratégicos para su economía. El ministro de Minería sanjuanino, Juan Pablo Perea, advirtió que este tipo de disputas puede afectar la imagen del país frente a los inversores y dificultar el desarrollo de iniciativas claves para la región.

El caso Lunahuasi adquiere relevancia porque el proyecto ganó notoriedad en las últimas semanas a partir de resultados exploratorios excepcionales. El yacimiento forma parte del Distrito Vicuña, una de las zonas de mayor interés minero de la cordillera argentina, con potencial para convertirse en un polo de cobre, oro y plata de escala internacional.

Más allá de la discusión limítrofe, el tema expone un desafío central para la minería argentina: la necesidad de ordenar criterios institucionales entre provincias cuando los proyectos se ubican en zonas cordilleranas, áreas de influencia compartida o territorios con infraestructura utilizada por más de una jurisdicción.

Para La Rioja, el reclamo no se limita a la propiedad del recurso. También aparece vinculado a tres temas sensibles: impacto ambiental, participación territorial y beneficios locales. La provincia busca que cualquier desarrollo minero que tenga incidencia sobre su territorio contemple controles ambientales, empleo riojano, proveedores locales, infraestructura y participación institucional.

Para San Juan, en cambio, la prioridad es sostener la continuidad de sus proyectos estratégicos y preservar la confianza de las empresas que ya vienen realizando inversiones de exploración y desarrollo. En ese punto, el equilibrio entre seguridad jurídica y cooperación interprovincial será determinante.

La discusión abre una pregunta más amplia: cómo garantizar que el crecimiento minero argentino no derive en conflictos entre provincias, sino en mecanismos de coordinación que permitan compartir información, ordenar responsabilidades ambientales y distribuir oportunidades económicas de manera más equilibrada.

Los grandes proyectos mineros no solo demandan inversión y permisos. También requieren caminos, logística, agua, energía, proveedores, trabajadores, servicios técnicos y aceptación social. Cuando alguno de esos elementos involucra a más de una provincia, la coordinación institucional se vuelve clave.

En ese sentido, Lunahuasi puede convertirse en un caso testigo. Su potencial geológico genera expectativas, pero su desarrollo también obliga a construir acuerdos claros sobre jurisdicción, control ambiental, infraestructura y participación de las comunidades cercanas.

Para el ecosistema productivo, la discusión tiene impacto directo. Si los proyectos avanzan con previsibilidad, pueden abrir oportunidades para empresas proveedoras, trabajadores, profesionales, transportistas, servicios de campo, consultoras ambientales, firmas tecnológicas y prestadores locales. Pero si predominan los conflictos institucionales, el riesgo es que las inversiones se demoren o pierdan competitividad.

La minería argentina atraviesa una etapa de fuerte crecimiento potencial. Para que ese potencial se convierta en desarrollo real, será necesario combinar inversión privada, reglas claras, presencia estatal, control ambiental y acuerdos entre jurisdicciones.

El reclamo de La Rioja por Lunahuasi vuelve a mostrar que el nuevo ciclo minero no será solamente una discusión económica. También será una discusión territorial, política e institucional sobre cómo se distribuyen los beneficios, cómo se controlan los impactos y cómo se construye desarrollo en las provincias cordilleranas.