Tucumán busca reforzar la protección de glaciares y limitar la minería en zonas sensibles

La reforma nacional de la Ley de Glaciares comenzó a generar repercusiones políticas en distintas provincias. En Tucumán, legisladores provinciales impulsaron iniciativas para reforzar la protección de glaciares y ambientes periglaciares, con el objetivo de impedir que actividades mineras o extractivas avancen sobre zonas consideradas estratégicas para la conservación del agua.

Los proyectos fueron presentados por la legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse, del bloque Justicialista, y por Walter Berarducci, referente de Compromiso Tucumán. Ambos planteos surgieron luego de los cambios introducidos a nivel nacional, que trasladan a las provincias mayores facultades para definir qué cuerpos de hielo deben ser protegidos y qué áreas podrían habilitarse para actividades productivas.

Uno de los puntos centrales del debate es que Tucumán cuenta con al menos 122 cuerpos de hielo identificados oficialmente en el Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el IANIGLA. Aunque muchos de ellos no tienen la imagen clásica de los grandes glaciares patagónicos, se trata de glaciares rocosos o de escombros ubicados en las altas cumbres del Aconquija, con una función relevante en la regulación hídrica provincial.

La iniciativa de Vargas Aignasse propone una protección integral de glaciares y ambientes periglaciares tucumanos, considerándolos reservas estratégicas de agua y bienes ambientales colectivos. El proyecto busca prohibir actividades mineras e hidrocarburíferas, liberación de sustancias contaminantes, obras que alteren la estabilidad de estos ambientes y cualquier acción que implique su destrucción o modificación.

Además, plantea que todos los glaciares identificados por el inventario científico nacional queden automáticamente protegidos, recuperando criterios similares a los que establecía la ley nacional original antes de su reforma. Este punto es relevante porque busca evitar que una futura definición provincial más restrictiva deje sin protección a determinados cuerpos de hielo.

Por su parte, el proyecto de Berarducci también apunta a restringir la minería en zonas glaciales y periglaciares, aunque incorpora una mirada más flexible: permitiría ciertas actividades extractivas solo si estudios técnicos demuestran que el impacto ambiental sería insignificante.

La discusión se enmarca en un debate más amplio sobre el rol de las provincias en la administración de sus recursos naturales. El gobernador Osvaldo Jaldo respaldó la reforma nacional y defendió la autonomía provincial para decidir sobre sus recursos. Al mismo tiempo, señaló que Tucumán no es actualmente una provincia minera, ya que la explotación metalífera está prohibida por normativa provincial, aunque la exploración sí se encuentra habilitada.

El tema del agua aparece como el eje principal del debate. En una provincia atravesada por demandas productivas, crecimiento urbano, estrés hídrico y variabilidad climática, los glaciares y ambientes periglaciares son vistos por sectores científicos y ambientales como reservas estratégicas para el futuro.

Para la agenda minera argentina, el caso Tucumán muestra que el crecimiento del sector no solo dependerá de inversiones, proyectos y minerales estratégicos. También estará condicionado por la capacidad de construir reglas claras, consensos sociales y mecanismos de protección ambiental creíbles, especialmente en territorios donde el agua es un recurso sensible.

La discusión no se reduce a minería sí o minería no. El debate de fondo pasa por cómo compatibilizar desarrollo productivo, autonomía provincial, protección ambiental y seguridad jurídica. En provincias con potencial geológico, pero también con alta sensibilidad ambiental, las decisiones legislativas serán determinantes para definir qué actividades pueden avanzar, bajo qué condiciones y con qué controles.

En ese contexto, Tucumán busca anticiparse a posibles conflictos futuros y fijar una posición más estricta sobre las zonas de glaciares y periglaciares. La definición final marcará no solo el alcance de la actividad minera en la provincia, sino también el modo en que cada jurisdicción interpreta su responsabilidad frente a recursos naturales estratégicos.