San Juan rechazó el reclamo riojano por Lunahuasi y defendió su jurisdicción sobre el proyecto

La discusión entre San Juan y La Rioja por proyectos mineros ubicados en zonas cordilleranas sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el foco está puesto en Lunahuasi, un proyecto de exploración que ganó fuerte notoriedad en los últimos días tras la difusión de resultados de alta ley en oro, plata y cobre.

El secretario de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, salió a responder al planteo realizado desde La Rioja y aseguró que Lunahuasi se encuentra íntegramente dentro del territorio sanjuanino. Para sostener esa posición, el funcionario citó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso en 1968 y ratificada por el Digesto Jurídico Argentino. Según Perea, esa norma establece con claridad la jurisdicción correspondiente al área donde se desarrolla el proyecto.

La respuesta llegó luego de que el ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Pérez, planteara que el proyecto estaría vinculado a territorio riojano y que tanto los recursos minerales como los posibles impactos ambientales deberían ser considerados por la provincia. El reclamo se suma a otras tensiones recientes entre ambas jurisdicciones por el uso de infraestructura, caminos y áreas de influencia minera en la cordillera.

Desde San Juan remarcaron que Lunahuasi cuenta con permisos y aprobaciones otorgadas por la autoridad provincial competente. Perea sostuvo que los proyectos mineros sanjuaninos cuentan con marcos legales, ambientales y jurisdiccionales aprobados, y advirtió que los reclamos sin sustento normativo no deberían alterar esa realidad.

El tema adquiere mayor relevancia por el potencial del proyecto. Lunahuasi se ubica dentro del distrito Vicuña, una de las zonas más prometedoras de la cordillera andina para el desarrollo de cobre, oro y plata. Los resultados exploratorios recientemente difundidos mostraron concentraciones excepcionales de oro, con tramos que llegaron hasta 1.740 gramos por tonelada y otros superiores a los 200 gramos por tonelada, valores que generan una fuerte expectativa en el mercado minero.

Más allá de la disputa puntual, el caso vuelve a exponer uno de los desafíos centrales del nuevo ciclo minero argentino: cómo ordenar la relación entre provincias cuando los proyectos se desarrollan cerca de límites jurisdiccionales, usan infraestructura compartida o pueden generar impactos sobre áreas de influencia más amplias.

Para San Juan, la prioridad es sostener la seguridad jurídica de sus proyectos, preservar la confianza de los inversores y evitar que las controversias políticas afecten el ritmo de exploración y desarrollo. La provincia viene posicionándose como uno de los principales polos mineros del país, especialmente por su cartera de proyectos de cobre, oro y plata.

Para La Rioja, en cambio, el reclamo se inscribe en una agenda más amplia vinculada a la defensa de sus recursos, el control ambiental y la participación provincial en los beneficios de proyectos que puedan tener incidencia territorial o logística sobre su territorio.

La discusión no es menor. En un contexto donde Argentina busca atraer inversiones de gran escala, los conflictos interprovinciales pueden convertirse en un factor de incertidumbre si no se canalizan institucionalmente. La minería necesita reglas claras, permisos consistentes, coordinación entre organismos y mecanismos de resolución que permitan compatibilizar desarrollo productivo, control ambiental y participación local.

El caso Lunahuasi también muestra que el crecimiento minero no solo genera oportunidades económicas, sino también debates sobre jurisdicción, infraestructura, ambiente y distribución de beneficios. Los grandes proyectos pueden demandar caminos, energía, agua, logística, proveedores, trabajadores y servicios que exceden una única frontera administrativa.

Por eso, más allá de las posiciones de cada provincia, el desafío será construir mecanismos de diálogo que eviten paralizaciones, judicialización innecesaria o señales contradictorias hacia el sector. La cooperación interprovincial puede ser clave para transformar proyectos de alta escala en desarrollo regional, empleo, proveedores y obras de infraestructura.

Lunahuasi todavía se encuentra en etapa de exploración, pero sus resultados ya lo colocan en el centro de la conversación minera argentina. Si el proyecto confirma su potencial, el debate institucional deberá estar a la altura de la oportunidad: reglas claras, control ambiental, participación territorial y previsibilidad para que el desarrollo minero pueda avanzar con legitimidad.